El Estado dominicano se ha querellado de manera disciplinaria ante el Consejo del Poder Judicial contra tres jueces del orden judicial.
Nuestra Constitución nos señala que la función esencial del Estado, es la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.
Los afectados son tres jueces de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Juan de la Maguana que han sido investidos con arreglo a la ley y a la Constitución política para administrar justicia.
El motivo del querellamiento fue que treintisiete parceleros demandaron a la empresa distribuidora de energía eléctrica EDESUR, de propiedad estatal; porque esta había colocado líneas de transmisión dentro de sus respectivas propiedades que se encuentran en las provincias de San Juan de la Maguana y Elías Piña y en ese proceso legal, los tribunales que conocieron el asunto reconocieron tanto en primer grado como en apelación el derecho de los afectados y como consecuencia de ello, condenaron al Estado a pagar una reparación civil a favor de los propietarios de los terrenos por la acción ilegal de la empresa estatal que fue demandada.
La sentencia dictada no me produce mayor preocupación porque los casos se ganan y se pierden y porque ese el día a día del ejercicio de la abogacía, al igual que es función de los tribunales al momento de dirimirse el conflicto jurídico emitir sentencias con arreglo al ordenamiento legal, en las cuales alguien resulta favorecido en sus pretensiones mientras que otros no resultan gananciosos.
Lo que sí me causa gran preocupación es ese querellamiento porque choca con los pilares en los cuales se sustenta nuestro ordenamiento jurídico legal.
Me choca que si la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos; si el Estado se sustenta en tres poderes públicos en que el Poder Legislativo compuesto por diputados y senadores hace las leyes, el Ejecutivo que es ejercido por el Presidente y Vicepresidente de la República por delegación que en ellos ha hecho el pueblo, las ejecuta al igual que el Poder Judicial lo ejercen todos los jueces del país dirimiendo los conflictos; si cada uno de esos poderes son independientes en sus funciones, debiendo solamente cumplir con la ley, me resulta incomprensible que por el hecho de estos magistrados cumplir con su trabajo decidiendo el asunto que legalmente tenían que decidir, se arremeta contra ellos presentándoles una querella por demás excesiva.
Ese asunto tiene muchas cuestionantes aristas e interpretaciones.
Si la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes que son ejercidos por medio de sus representantes en los términos que establecen la Constitución y las demás leyes, aquellos que resultaron afectados con los daños que produjo la empresa estatal, también delegaron su representación en manos del Estado que ahora la arremete contra el Poder Judicial poniendo de manifiesto un no disimulado choque de poderes.
Es por esto y por las implicaciones constitucionales que resultan, lo que hace de difícil comprensión la actitud de esos que han propulsado esta situación.
Quizá estamos sentando las bases para que en lo adelante ninguna persona agraviada pueda hacer reclamos por ante una jurisdicción imparcial capaz de ponerle limites a excesos del Estado, y eso en un Estado social y democrático de derecho como el nuestro donde los derechos individuales son tutelados con la garantía de la Constitución, no es posible.
A lo mejor se quiere establecer una especie de terrorismo judicial que elimine la facultad de los jueces para decidir acorde al orden legal con lo que se estaría instituyendo un chantaje que se llevaría de cuajo toda noción de garantía ante la permanente amenaza que pendería sobre la cabeza de cada juez que osare fallar un asunto en que estuvieren envueltos intereses del gobierno como representante del Estado y, aunque este no tuviere razón.
O acaso se busca eliminar la independencia del Poder Judicial, ya de por sí bastante vapuleado con palos si boga y si no boga, palos también.
Y como creo que en el Gobierno que dirige el Estado no existen esas pretensiones, pienso que esa querella es un exceso!!!
